Amenaza, vulnerabilidad y riesgo: tres conceptos que no son sinónimos

La gestión del riesgo de desastres usa una formulación estándar según la cual el riesgo es el resultado de la interacción entre una amenaza, la exposición de los elementos que pueden verse afectados y su vulnerabilidad, todo ello mediado por la capacidad de la sociedad para anticipar, responder y recuperarse. No es una multiplicación exacta ni pretende ser un cálculo único, sino un marco conceptual que obliga a nombrar cada factor por separado. Su utilidad es práctica: permite decidir sobre qué factor conviene intervenir.

La amenaza es el fenómeno físico potencial: la falla activa, la zona de subducción, el volcán, la ladera inestable, el huracán. La exposición es la presencia de personas, viviendas, infraestructura y actividades económicas en el área donde ese fenómeno puede manifestarse. La vulnerabilidad es el conjunto de condiciones que hacen que esos elementos expuestos sufran daño o pérdida cuando el fenómeno ocurre.

La primera consecuencia de separar los términos es que permite hacer las preguntas correctas. ¿Cuál es la amenaza y con qué frecuencia se manifiesta? ¿Cuánta gente y cuánta infraestructura están en el área amenazada? ¿Qué tan frágiles son esas construcciones y esas comunidades? Sin responder las tres, cualquier afirmación sobre el nivel de riesgo de una ciudad queda incompleta y suele terminar en un titular alarmante que no orienta ninguna decisión.

La segunda consecuencia es que explica por qué un mismo fenómeno produce resultados tan distintos. La energía liberada por un sismo no depende de lo que haya en superficie, pero el desastre sí. Una ciudad puede recibir el mismo movimiento del terreno que otra y perder una fracción mínima de sus edificaciones, o perder barrios enteros, y la diferencia estará casi por completo en las decisiones humanas acumuladas durante décadas.

Ninguna sociedad puede evitar que una falla geológica se rompa, que un volcán entre en erupción o que llueva durante una semana. La amenaza es una propiedad del territorio y no admite negociación: no existe obra de ingeniería capaz de impedir una ruptura de subducción ni de contener la energía de un sismo grande. Lo único que puede hacerse con la amenaza es caracterizarla bien y aprender a convivir con ella.

La vulnerabilidad y la exposición, en cambio, son creaciones humanas. Son el resultado de dónde decidimos construir, con qué materiales, bajo qué normas, con qué grado de fiscalización, qué tan accesible es la zona, qué tan informada está la población y qué tan preparadas están las instituciones. Todo eso cambia con decisiones, presupuesto, regulación y educación, y por eso la reducción del riesgo se concentra precisamente ahí.

El ejemplo más claro es el de dos ciudades construidas sobre la misma falla. En la primera, las edificaciones siguen un código sismorresistente moderno y fiscalizado, las estructuras esenciales están reforzadas y ubicadas fuera de los suelos peores, y los hospitales tienen planes de contingencia. En la segunda, la mayor parte del parque construido es de mampostería no reforzada, con autoconstrucción sin diseño estructural y con servicios críticos junto a laderas inestables.

El sismo será el mismo en las dos ciudades y, aun así, no vivirán el mismo evento. La sacudida que en la primera se traduce en grietas reparables puede significar en la segunda el colapso de viviendas, la interrupción de servicios y desplazamientos prolongados. Esa diferencia no la produce la naturaleza: la produce la manera en que cada sociedad decidió ocupar un territorio que sabía peligroso.

Esto se relaciona con una confusión muy extendida: la idea de que un mapa de amenaza dice cuán malo será el próximo terremoto. No lo dice. Un mapa de amenaza estima la probabilidad de que ocurran niveles determinados de sacudida en un período dado y sirve para diseñar y para ordenar el territorio, pero no predice el evento ni su severidad. De ahí que la frase habitual después de un desastre, según la cual fue un evento natural sin precedentes, casi nunca sea la explicación completa.

La vulnerabilidad tiene una dimensión física, relacionada con la ubicación y el entorno: qué tan cerca se está de la falla, qué tipo de suelo hay bajo la edificación, si la ladera es estable, si el terreno se inunda o si el suelo puede licuar. Dos viviendas idénticas en el mismo barrio pueden tener vulnerabilidades muy distintas si una está sobre roca y otra sobre relleno antrópico no compactado. Es una dimensión difícil de modificar una vez construido el barrio y exige reubicación o intervención del terreno.

Tiene además una dimensión estructural, que es la que mejor se puede cuantificar: la calidad del diseño, la configuración de la estructura, la resistencia de los materiales, el estado de mantenimiento y la existencia de refuerzos. Es la dimensión que las normas sismorresistentes atacan de manera directa, y la que permite comparar objetivamente una edificación segura con otra que no lo es. Es también la dimensión sobre la cual las normas de construcción tienen mayor incidencia directa.

Hay una dimensión social que suele pasarse por alto. La edad, el estado de salud, la discapacidad, la dependencia de otras personas, el idioma, el nivel educativo y el acceso a la información modifican la probabilidad de sobrevivir y de recuperarse. Las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con movilidad reducida enfrentan condiciones diferenciales que la planificación debe reconocer.

La dimensión económica se expresa en la capacidad de absorber la pérdida. Una familia con ahorros, seguro y una red de apoyo puede reconstruir su vivienda; otra que depende del ingreso diario y perdió su medio de trabajo queda atrapada en una situación de la que puede no recuperarse, aunque el daño físico haya sido el mismo. Los medios de vida son parte del problema, no un anexo.

Finalmente está la dimensión institucional y de gobernanza. De poco sirve tener un código exigente si no se fiscaliza, un plan de emergencia si nadie lo ha ensayado, o un sistema de alerta si la ciudadanía no sabe interpretarlo. La capacidad de las instituciones, la continuidad de los programas, la coordinación entre niveles de gobierno y la cultura de prevención son condiciones tan determinantes como la resistencia de los materiales.

Tres eventos de la región sirven para ilustrar la distancia entre amenaza y desastre. El sismo de Caracas de 1967 mostró cómo el efecto de sitio sobre los sedimentos profundos de la ciudad y las características de las edificaciones construidas allí determinaron el patrón de daño, con una selectividad por altura y por suelo que no era un misterio técnico desconocido sino una advertencia previa al evento. Las edificaciones altas sobre sedimentos profundos respondieron de una manera y las de menor altura sobre suelos firmes de otra.

El sismo de Popayán de 1983 tuvo una magnitud moderada, pero su carácter superficial y su ubicación prácticamente bajo el centro histórico encontraron un parque construido de tapia, adobe y mampostería no reforzada. La lección fue que esa fragilidad convirtió un evento de tamaño medio en una catástrofe urbana. El mismo sismo bajo una ciudad de construcción moderna habría producido un número de víctimas y de viviendas destruidas incomparablemente menor, y esa diferencia se decide antes del sismo, en las normas y en la fiscalización.

El sismo del Eje Cafetero de 1999 puso en evidencia la vulnerabilidad de construcciones de concreto reforzado que no cumplían con los requisitos de diseño sismorresistente, en un contexto de expansión urbana rápida y de normas técnicas que existían pero no se aplicaban de manera uniforme. La existencia formal de un reglamento no bastó para proteger a las edificaciones construidas al margen de él. La comparación con eventos de energía comparable en áreas mejor construidas es una de las demostraciones más contundentes de que el desastre no es una fatalidad física.

El concepto que ordena estas observaciones es el de desastre como construcción social. El fenómeno natural es natural, pero la catástrofe es el resultado de decisiones humanas acumuladas: dónde y cómo se construyó, quién tuvo acceso a suelo seguro, qué se fiscalizó y qué se dejó pasar. Dos sociedades expuestas a la misma amenaza no experimentan el mismo desastre. Reconocerlo es incómodo, porque desplaza la responsabilidad desde la naturaleza hacia las decisiones colectivas, pero es también lo que abre la posibilidad de actuar antes del próximo evento.

Las acciones concretas existen y son conocidas. Un individuo puede informarse sobre el suelo donde vive, asegurar muebles y anaqueles, fijar rutas de evacuación familiares y guardar documentos y suministros. Un municipio puede hacer cumplir el código sismorresistente y negar permisos donde el suelo no lo permite, invertir en microzonificación, mantener rutas de evacuación y planes hospitalarios, y reubicar servicios críticos fuera de las zonas de mayor amenaza. La aplicación efectiva del código sismorresistente es el instrumento más eficaz de reducción del riesgo, porque actúa sobre cada edificación que se construye en el futuro.

Un país puede sostener el monitoreo sísmico y volcánico, actualizar periódicamente sus normas técnicas, integrar la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo y en los presupuestos, y garantizar que la información técnica llegue a la población en un lenguaje comprensible. Ese último punto no es menor: una advertencia que nadie entiende no protege a nadie. Este portal ofrece estimaciones educativas y material explicativo, no predicciones ni dictámenes de ingeniería, y la orientación oficial corresponde a FUNVISIS, al Servicio Geológico Colombiano y a los organismos de protección civil de cada territorio.